“No fue por efecto de la naturaleza sino por imprevisión”. Las palabras del ministro del Interior, Jorge Burgos, fueron directo al corazón de Costanera Norte, la autopista que cruza de oriente a poniente Santiago y cuyas obras a la altura del puente Lo Saldes, en Las Condes, terminaron generando el desborde del Río Mapocho y numerosas críticas por el impacto de no prever el efecto de las lluvias.

El intendente Claudio Orrego también cuestionó a la compañía controlada por la italiana Autostrade Atlantia y el fondo canadiense CPP Investment Board, y anunció que desde el Ministerio de Obras Públicas habrá sumarios para investigar las responsabilidades y aplicar sanciones. Incluso, Orrego indicó que evaluarán querellas o acciones penales contra la firma.

El gerente general de Costanera Norte, Diego Savino, anunció que hay seguros comprometidos y que se compensará a quienes hayan sido perjudicados por el desborde y las obras que realizaba la constructora Sacyr, que tiene el contrato para los trabajos de la concesionaria, autorizados en el gobierno pasado por el ministro de Obras Públicas de entonces, Laurence Golborne. Sacyr es una empresa española que también participa en el negocio de las concesiones en Chile.

Junto con ello, la sanitaria Aguas Andinas tampoco ha estado ajena a las críticas, al tener suspendido el suministro de agua potable de más de la mitad de la población capitalina, producto de la turbiedad con que se estaba desplazando el vital elemento a los centros de consumo.

Tanto Aguas Andinas como Costanera Norte son privadas, ambas generadas a partir de la concesión por parte del Estado de servicios que antes eran públicos y por los que han podido acceder a altos niveles de utilidades, de hecho, los más elevados de su sector.

Costanera Norte anotó en 2015 utilidades netas, después de impuestos, por $ 52.040 millones, por lejos las mayores cifras del sector, no solo de autopistas urbanas de la capital sino también interurbanas.

Comparadas con 2014, dichas utilidades crecieron 19%. Su flujo vehicular, en tanto, aumentó en un 11%, mientras que para el 2016 acordó aumentar un 8% sus tarifas. Con ello, en enero de este año sus ingresos ya habían subido un 5,9%.

En 2015, la firma cumplió 10 años de operación, después que se pusiera en operaciones en el Gobierno de Ricardo Lagos, como una de las obras estrellas del ex Mandatario.

A lo largo de su historia, la autopista ha sido parte de diversas polémicas, ente ellas, su particularidad de no publicar en los pórticos los valores del TAG marcado, a diferencia del resto de las autopistas urbanas que sí lo hacen.

En 2012, Golborne anunció que se crearían nuevos pórticos de cobro para financiar los casi U$ 500 millones que Costanera debe invertir en las obras, las que incluyen el fin de la rotonda Pérez Zujovic, una nueva Costanera Sur y un túnel bajo la avenida Kennedy a la altura del club de golf Los Leones.

Fue justamente parte de esas obras que estaba realizando Sacyr, la constructora española que se ganó la licitación realizada por la autopista, lo que terminó desbordando el río Mapocho. El intendente Orrego recordó que desde hace años que no ocurría y que esta vez la responsabilidad no estuvo en la naturaleza sino en la irresponsabilidad de Sacyr y la mandante.

Sin embargo, el gerente de Costanera Norte, Diego Savino, dijo que las obras se hicieron tal como estaba planificado, pero que dicha evaluación será posterior a la situación actual, en que están enfocados en enfrentar la “crisis”.

Sacyr, encargada de las obras, tiene experiencia en gestionar concesiones en el país y, de hecho, recientemente se adjudicó junto a OHL, la construcción y operación de uno de los principales proyectos de concesión de los próximos años, Vespucio Oriente, que requerirá una inversión de US$ 1.000 millones.

El rentable negocio de Aguas Andinas

La sanitaria, en tanto, no fue atacada directamente por las autoridades, como lo hicieron con la autopista. Es más, un funcionario de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) destacó que obras acordadas con Aguas Andinas permitieron reaccionar con anticipación a los efectos más duros de las lluvias.

No obstante, los cortes igual afectaron a más de 4 millones de capitalinos, medida que justificó la sanitaria apuntando a la turbiedad del río Maipo. De hecho, algunos vecinos cuestionaron las obras que llevan adelante AES Gener y el grupo Luksic para levantar la central hidroeléctrica Río Maipo. Incluso un representante del Colegio Médico reveló hace pocos días que existían contaminantes en el caudal precordillerano generado por las obras de la eléctrica. La compañía ha descartado ser responsable de ello.

Con todo, el intendente metropolitano (DC) adelantó que “por el cambio climático” las obras que ha desarrollado Aguas Andinas son insuficientes y deberán aumentarse en los próximos años.

Más allá de esos comentarios, desde el Gobierno no hubo críticas severas a la compañía que controla la española Aguas de Barcelona, que a su vez es controlada por la francesa Suez Environment. Sus tarifas se reajustan cada cinco años y la encargada de hacerlo es la superintendencia del sector, incluyendo los planes de inversión que se debe realizar en cada período. Cabe mencionar que las tarifas en Chile son las más altas en la región y entre las 15 más caras del mundo.

En 2015, por lejos Aguas Andinas fue la sanitaria con mayores utilidades de la industria, superando los $ 129 mil millones. Casi cinco veces más que Essbio, de la región penquista, que apenas bordea los $ 25 mil millones, y aun superior a los $ 17 mil millones que ganó la sanitaria de la Región de Valparaíso, Esval.

A esas cifras se suman otros miles de millones en utilidades de la red de empresas filiales y relacionadas que no son reguladas por la superintendencia del rubro por vacíos de la ley, como reveló Ciper hace unos años.

AGBAR opera en una quincena de países, pero, a raíz de las utilidades que Aguas Andinas y de sus filiales no reguladas, Chile es uno de sus negocios más rentables.

Abierta en bolsa, Aguas Andinas también ha hecho noticia en los últimos meses por estar involucrada en la investigación del Ministerio Público por financiamiento irregular de la política.

Justamente, de la DC son varios ex ministros, parlamentarios y ex subsecretarios que entregaron boletas a la sanitaria. El actual presidente de la Asociación de Concesionarios, Juan Eduardo Saldivia, quien fue subsecretario de Obras Públicas entre 2006 y 2010 y antes, de 1996 a 2006, fue justamente superintendente de Servicios Sanitarios. Entre marzo de 2010 y el mismo mes de 2015, Saldivia recibió pagos por $ 55 millones de la sanitaria.

La lista DC es larga. El ex subsecretario de Obras Públicas y actual presidente del gremio que agrupa a las sanitarias, Andess, Guillermo Pickering, recibió 35 millones en cuatro pagos en 2012. Pickering fue clave en la ley que modificó la regulación al sector en 1998, tras lo cual llegó a la asociación.

Otro ex subsecretario de Obras Públicas de la DC, Clemente Pérez, recibió $ 46 millones de la sanitaria capitalina entre 2009 y 2014.

Incluso el actual senador Andrés Zaldívar, histórico DC, recibió pagos por $ 150 millones mientras no era parlamentario, entre octubre de 2006 y marzo de 2010, lo que él mismo llamó asesorías de “seguimiento legislativo”.

Aguas Andinas ya ha hecho dos rectificaciones ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), sin embargo, hasta ahora ni el SII ni el Ministerio Público han acelerado la investigación de dicha arista.

En efecto, el caso más llamativo es el de las boletas que el ex director ejecutivo deChilevisión, Jaime de Aguirre, y el ex gerente Mario Conca, entregaron a través de una sociedad a la sanitaria para que les pagaran $ 76 millones. Dichos recursos en realidad correspondían a bonos que el canal –que en ese momento estaba en manos del ex Presidente Sebastián Piñera– debía pagarles.

Por una razón aun no explicada públicamente, el gerente de administración de Bancard –la sociedad de Piñera–, Santiago Valdés, les pidió a los ejecutivos que entregaran facturas falsas a la sanitaria. El Ministerio Público no ha indagado mayormente si dichos dineros iban a campañas políticas, así como tampoco el rol de Piñera en el entuerto.

También figuran pagos a sociedades de Pedro Yaconi, personero de la DC que gestionó platas para la campaña de Eduardo Frei en 2009, y hay evidencia de pagos a Pablo Longueira y Laurence Golborne.

Ciper afirma que además hay documentos en la contabilidad interna de Aguas Andinas que muestran pagos por $422 millones a think tanks de todos los sectores políticos.